Ciudad de México.- El PRI en el Congreso capitalino presentó una iniciativa que propone castigar con prisión de cuatro a siete años a quien acceda, investigue y sustraiga información privada o identificable sobre una persona, de equipos de cómputo, redes sociales, sistemas informáticos, o celulares, sin su consentimiento, para exhibirla por cualquier medio con el fin de causarle daño.

La propuesta del diputado Miguel Ángel Salazar Martínez busca regular la sustracción ilegal de la información privada de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informativos o teléfonos móviles sin el consentimiento, para exhibirla o amenazar con exhibirla a través de medios impresos, grados o digitales.

Lo anterior, con el fin de causarle un daño y obtener una acción u omisión contraria a la voluntad de la víctima, un beneficio personal o para un tercero, dejando como excepciones la investigación de los delitos que, por obvias razones, son de interés general.

La iniciativa que crea y adiciona un capitulo XVIII, al Libro Segundo referente a los delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre sin violencia, señala que las penas previstas en el presente capítulo se agravan en una tercera parte cuando exista una relación jerárquica entre las partes involucradas, y cuando la conducta tipificada sea realizada en contra de una mujer.

En tribuna, el priista expuso que la violencia en contra de las mujeres, y sus estadísticas, ya han sido analizadas por el suscrito, en otras iniciativas y documentos, y agregó que en "ellos hemos manifestado, lo grave de la situación a nivel mundial, y nacional".

Por ello, consideró importante regular y extinguir aquellas conductas que a través del uso de las tecnologías de la información, se realizan en contra de ellas, acosándolas, amenazándolas y evitando que puedan llevar una vida plena, libre de cualquier tipo de violencia.

De acuerdo con el informe "Violencia política a través de las tecnologías contras las mujeres en México", que realizó el colectivo feminista Luchadoras durante el pasado proceso electoral, se identificaron 84 ataques contra 62 candidatas distintas en 24 estados del país.

Estos ataques pueden ser cualquier amenaza que se comente a través de un dispositivo electrónico como el celular o computadora, y se realizan con un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un tuit o un posteo en Facebook.

Advirtió que si llega a ocurrir la publicación de la información privada, no sólo generaría acoso, burlas, o malos comentarios, sino también podría poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, y no sólo pensando en un suicidio, sino en otros delitos que pudieran derivar de la publicación de la misma.

"Este mecanismo puede ser utilizado para revelar la identidad de una persona anónima, conocer su ubicación física, monitorear su actividad en Internet, dejando a la víctima expuesta al ridículo público, el acoso y la difamación", destacó el legislador.

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