Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que la tortura persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad, por lo que su erradicación sigue siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos.
«No puede negarse que ha habido avances en nuestro País, que su práctica se ha reducido en muchas de las corporaciones de seguridad y que nuestro marco jurídico es ahora mucho más claro en su prohibición. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hemos logrado su erradicación.
«Y que su práctica persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad pública; este reconocimiento no sólo se sustenta en las recomendaciones de los organismos internacionales, sino también de manera muy importante en los diagnósticos de organismos nacionales», apuntó.
A partir de diagnósticos como los de la CNDH y la CEAV, subrayó el subsecretario, todas las corporaciones se han sumado al rechazo más absoluto a los actos de tortura y al compromiso de prevenirla y sancionarla.
«Para estos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye protocolos de actuación y de fortalecimiento institucional», expresó ante el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Campa destacó que el paso más relevante en la materia es la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que será publicada en los próximos días.
«Estamos convencidos que este proceso para llegar a esta ley e sun proceso que nos permite decir a todos quienes participamos en él, que cumplió con la tarea, que llegamos a un articulado que responde a las expectativas de todos», sostuvo.
«Todavía hay algunas corporaciones que consideran que la tortura es un instrumento de investigación, tenemos que reiterar que no lo es, que tenemos que erradicar la tortura; estamos ciertos que esta ley constituye un avance sólido».
No obstante, Campa admitió que el País requiere mejorar los mecanismos para que todo acto de tortura pueda ser prevenido y, si éste se comete, sea identificado y ejemplarmente sancionado.
«Estamos ante una oportunidad, con el marco de la nueva ley general y el nuevo sistema de justicia penal, para eliminar los incentivos a la tortura y garantizar el derecho al debido proceso», apuntó durante un seminario en la sede de Gobernación.
El subsecretario refrendó el compromiso del Gobierno de la República para erradicar la práctica de la tortura en cualquiera de las expresiones y en todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
«La tortura no le conviene a nadie, la tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos, constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad; una investigación basada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad.
«Por ello, todos los países que han logrado fortalecer su estado de derecho han adoptado como premisa apartarse definitivamente de esta práctica. La instrucción del Presidente de la República (…) es la de priorizar este tema en la política de derechos humanos», añadió.
Reprochan práctica
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, afirmó que la tortura persiste en nuestro País a pesar de las acciones del Estado y las numerosas recomendaciones de distintos organismos.
«La tortura persiste, ¿es falta de capacidad o de voluntad?, ¿qué se necesita para llevar a cabo una investigación eficaz de la tortura?, ¿qué se necesita para brindar justicia a las víctimas?, cuestionó.
«Se han brindado muchas respuestas, pero lo que más se necesita es un compromiso firme», manifestó durante la Segunda Sesión del Seminario Permanente «La Construcción de Políticas Públicas desde el Enfoque de los Principios Constitucionales de Derechos Humanos».
En la sede de la Secretaría de Gobernación, Jarab recordó que son obligaciones del Estado la prevención, investigación, sanción y reparación de este delito que, subrayó, constituye una afrenta a la dignidad humana.
No obstante, señaló que hay retos por superar en México, como evitar la negación de actos de tortura y eliminar la justificación de la misma como estrategia de defensa o método para desacreditar a la víctima.
«Si no se supera la negación no se puede enfrentar el problema, no sólo de la tortura, sino también otras violaciones. la negación siempre constituye un retroceso. Se debe de iniciar una investigación de oficio cada vez que se presenta una denuncia o hay indicios.
Ante el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, el representante de la ONU-DH consideró que la tolerancia a la tortura debe ser desmontada con campañas informativas dirigidas a la población y a las autoridades.
En su exposición, de más de 40 minutos, Jarab sostuvo que la creciente presentación de denuncias de tortura hace necesario que el Estado supere sus carencias institucionales en la materia, como la falta de peritos especializados, y tenga capacidad de atenderlas.
«Para enfrentar los problemas hay que empezar por nombrarlos, denominar a la tortura de otras maneras mas eufemísticas, más suaves, no significa afrontar el problema. La tortura es una ofensa sumamente grave, no nombrar a la tortura como es, resulta en la negación y una grave ofensa para la gente que la padece», abundó.
Jarab abundó que la reparación de la tortura por parte de las autoridades no sólo debe incluir la entrega de dinero, sino medidas de restitución, satisfacción y no repetición con base en estándares nacionales e internacionales.
«Para reparar hay que tener claridad sobre lo dañado, los daños infligidos a través de la tortura son múltiples y profundos. La indeminización no basta y su sola entrega puede llegar a constituir una ofensa», añadió.
