Celaya, Gto., por: Redacción.- Directivos del ISSEG aseguraron que nunca han planteado al municipio la necesidad de derribar el estacionamiento subterráneo, pero si la necesidad de hacer reparaciones porque la estructura no cumple con los criterios de construcción, compete al municipio hacer las reparaciones. Confirmaron además que ya iniciaron un proceso de demanda.
“Creo que es muy importante precisar que en ningún momento se habló de demolición por parte del Instituto. Nunca se refirió ni de manera verbal, ni siquiera en algún escrito, en alguna petición o en el mismo dictamen, el instituto nunca ha referido ni ha hablado sobre esta demolición, todo es una rehabilitación”, expresó Aurora Orozco, Subdirectora General de Unidades de Negocios del ISSEG.
Luego de que el Presidente señaló que el ISSEG no está dispuesto a invertir en la rehabilitación del estacionamiento, la Subdirectora dijo que es importante puntualizar que el inmueble es propiedad del municipio.
“El inmueble no es propiedad del Instituto, el Instituto solamente adquirió los derechos de uso y explotación del inmueble. El inmueble es del municipio y obviamente al adquirir esa cuestión de negocio del Instituto pues es de lo que se hace responsable, de la operación y explotación”.
“Por eso ya invirtió, como lo refiere el propio alcalde, que se invirtió una cantidad (85 millones) para pagar esas sesiones de derechos, pues es lo que está ahí en las propias notas que el alcalde refiere”.
La Subdirectora explicó los problemas estructurales se presentaron a finales de febrero del año pasado cuando detectaron que había pérdida de materiales, tanto en las bajadas como en la losa de entrepiso.
El pasado 10 de diciembre le entregaron el dictamen estructural al Alcalde y con todos los resultados que arrojan los estudios.
“(La postura del Instituto) Es salvaguardar sobre todo la seguridad de la ciudadanía y de todos los guanajuatenses y celayenses, y por eso es necesario tomar este tipo de medidas y tener reuniones con el alcalde, para que todos tengamos el conocimiento de la situación de que guarda las instalaciones, además de que es importante pues que el Instituto cuide su patrimonio”.
Alberto Martínez Lara, Director Jurídico agregó: “Como lo dicen las propias notas el alcalde, en la misma visita ellos detectaron algunos daños estructurales, es lo que el estudio que se les comunicó el 10 de diciembre, es el que contiene ese tipo de fallas que el propio alcalde está refiriendo en sus declaraciones. Con la buena comunicación que se tiene con el municipio, se pretende buscar la mejor solución en salvaguarda de la ciudadanía y obviamente en la protección de los intereses del instituto”.
Orozco explicó que el estudio se realizó el año pasado, el 26 de agosto, es estudio integral al estacionamiento que corrobora que no cumple con la normativa.
“El estacionamiento debe de cumplir con ciertos criterios y parámetros y la construcción no cumple con todos los parámetros que la normativa estatal solicita. Tiene daños en la losa de entrepiso del sótano 1 al sótano 2, presentan grietas, hay una pérdida de material y esto es lo que establece el dictamen estructural”.
El Director Jurídico explicó que si bien iniciaron una demanda, más allá del tema legal que emprenda el Instituto contra el Concesionario, quien cedió los derechos, lo que se busca es la solución para el bien de la ciudadanía.
“Y se busca obviamente la mejor solución para proteger los intereses invertidos por el Instituto. Eso es lo que se está haciendo, más allá del ejercicio de las acciones legales conducentes, que es una estrategia pues que se define por parte del Instituto y que obviamente pues no se da eventualmente a conocer por una cuestión de protección pues de los intereses del Instituto”.
Respecto a los comerciantes de los locales, la Subdirectora también negó que hayan solicitado su desalojo.
El Director Jurídico expuso: “Salió en prensa que dijeron que se habían solicitado el desalojo. Era obviamente salvaguardando la seguridad para eventualmente llegar a una terminación de los contratos precisamente para que no hubiera o tratar de evitar que hubiera algún riesgo posterior de seguir usando los locales. Pero eso se está también revisando para darle certeza y seguridad pero sin violentar ningún derecho de los propios usuarios”.
