Celaya Gto.- Los integrantes del pasado Ayuntamiento serán citados por la Dirección Jurídica en los próximos días a fin de iniciarles un procedimiento de sanción administrativa por haberse otorgado un bono de 10 mil pesos mensuales para mantenimiento vehicular que en realidad era un incremento a su salario disfrazado.

Este procedo deriva de una recomendación que hizo la Auditoría Superior del Estado luego de determinar que fue incorrecto el procedimiento mediante el cual se incrementaron su ingreso.

“Por dictamen de la Comisión de Contraloría y tratándose de miembros del Ayuntamiento que no es competente la Contraloría sino el Ayuntamiento, nos delegaron a la Dirección Jurídica instaurar el procedimiento, ya la sanción corresponderá al Ayuntamiento”.

“Ya solicitamos al órgano (Auditoría Superior del Estado) las copias certificadas del dictamen y los papeles de trabajo por lo que tenemos que integrar los expedientes y vamos a hacer un procedimiento individualizado. Instaurar el procedimiento es notificarles el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, por qué concepto y abrirles a ellos su etapa de ofrecimiento de pruebas y alegatos para que ellos manifiesten lo que a su interés convenga y agotado ese procedimiento turnaríamos de nueva cuenta a través de la comisión de Contraloría el expediente para que ellos determinen si aplica la responsabilidad administrativa”.

El director jurídico, José Ignacio Ramírez Valenzuela dijo que la Comisión de la Contraloría le pidió iniciarles el procedimiento de responsabilidad administrativa, pero que al final será el propia Ayuntamiento quien determinará la sanción.

“Estamos interviniendo como Dirección Jurídica por encargo expreso del Ayuntamiento. Estamos ya iniciando el auto de inicio, estaremos notificando en los próximo 8 o 10 días a cada uno de los miembros del pasado Ayuntamiento en los domicilios que nos han dado, es notificarles el inicio señalándoles fecha para la audiencia a que tienen derecho para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que manifiesten convenientes, cuando acabe ese proceso se cierra la instrucción y se abre una etapa de alegatos en la que manifestarán sus razonamientos lógico jurídicos que consideren pertinentes y una vez cerrada esa parte cada uno de los expedientes los remitiremos con una opinión técnica a la comisión de la Contraloría, si procede sancionar o no lo determinará el Ayuntamiento”.

“Son todos los miembros del Ayuntamiento por eso decidimos hacerlo de forma individual para ir avanzando, si se cambiaron de domicilio tendremos que hace run trabajo de investigación o ser citados por edictos, si los encontramos nos llevaremos de 30 a 40 días hábiles”.
Cabe aclarar que no habrá una demanda civil para recuperar el dinero que le entregaron a los miembros del Ayuntamiento pasado debido a que la ASEG no consideró que existiera daño patrimonial. (Información: Arlett Cárdenas)

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