Ciudad de México.- El Gobierno de México solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar el posible decomiso de bienes vinculados a Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que el histórico líder del Cártel de Sinaloa fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras conocerse la resolución de la justicia estadounidense, su administración pedirá a la FGR analizar las implicaciones legales en territorio mexicano respecto a los bienes, propiedades y activos que presuntamente pertenecen al narcotraficante o que pudieran haber sido adquiridos con recursos de procedencia ilícita.
La mandataria explicó que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos jurídicos para iniciar o fortalecer procedimientos de extinción de dominio, de conformidad con la legislación mexicana, ya que la sentencia dictada en Estados Unidos no implica automáticamente el aseguramiento de bienes ubicados en México.
Sheinbaum subrayó que cualquier acción deberá realizarse con estricto apego al debido proceso y a las investigaciones que lleven a cabo las autoridades competentes, respetando el marco legal vigente.
La revisión buscará identificar propiedades, empresas, cuentas bancarias y otros activos que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas, con el objetivo de impedir que recursos provenientes del crimen organizado permanezcan fuera del alcance de la justicia.
La condena a cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada marca el cierre de uno de los procesos judiciales más relevantes contra un líder del narcotráfico mexicano. Considerado durante décadas uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, Zambada fue procesado en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero.
En caso de que la FGR determine la viabilidad jurídica de los procedimientos, las autoridades mexicanas podrían emprender acciones para asegurar o someter a procesos de extinción de dominio los bienes que se encuentren dentro del territorio nacional y que se acredite que tienen un origen ilícito o están vinculados con actividades del crimen organizado.
