Celaya, Gto., por: Redacción.- La Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción validó el “Acuerdo de conclusión y archivo”, referente a la denuncia por el posible fraude cometido por personas que se hicieron pasar por servidores públicos federales del Instituto para devolverle al pueblo lo robado (INDEP).
Fue Francisco Ramírez León, Director del Área Investigadora de la Contraloría y de la Unidad de Quejas, quien presentó los detalles del expediente.
En la sesión de la comisión Ramírez León dijo que no encontró pruebas contra servidores públicos municipales involucrados en el caso del fraude en la Tesorería Municipal.
Fue en abril que la Tesorera Lourdes Herrera y el director Jurídico, Jorge Ramírez Montoya, informaron que el municipio fue víctima de un fraude por personas que se hicieron pasar por funcionarios federales.
Explicaron que en marzo la Secretaría Particular recibió un oficio de la dependencia federal donde se les notificaba de un apoyo en especie para el que debían hacer un pago para el traslado de los bienes.
Documentos evidenciaron que el pago fue por 307 mil 846.72 pesos, que serían para pagar impuestos y derechos de exportación, fletes y maniobras, y servicios profesionales, científicos y técnicos integrales a falsos funcionarios del INDEP.
A cambio recibiría presuntamente 6 contenedores con: calzado y juguetes, ropa, equipo de cómputo, electrodomésticos, equipos de rehabilitación; un camión recolector de basura y una ambulancia.
Al final el dinero fue congelado en la cuenta donde fue depositado por órdenes de la Fiscalía y se sigue una denuncia penal contra los responsables en busca de regresar el dinero al municipio.
La Contraloría determinó que no encontró responsabilidad de los funcionarios que fueron burlados.
“Una cuestión es la administrativa y la otra la penal, la penal definirán ellos en qué momento de acuerdo a las pruebas que tengan y la administrativa no tiene que ir en el mismo sentido, en este caso no se está investigando a servidores públicos municipales, se les citó para que nos dijeran cómo es el proceso para que también lo que a su derecho les convenga a ellos”, dijo en comisión de Contraloría Francisco Ramírez León, Director del Área Investigadora.
“No encontramos como cuadrar, la parte esencial es que tenemos el tiempo en el relato de los hechos, tenemos los hechos, lo que yo pretendo encontrar es un modo ilícito para poderlo cuadrar como una conducta grave o no grave”.
Y agregó: “Si fuera grave abrimos audiencia y se va al tribunal administrativo, al día de hoy yo no encuentro ningún elemento de prueba ilícito que pudiera imputarle a alguno de los servidores públicos”, enfatizó.
“Se cierra de manera jurídica atendiendo a la Ley de Responsabilidades conforme al artículo 100, no quiere decir que no se pueda investigar, yo no puedo dejar una investigación abierta más de tres meses, tenemos que estar pidiendo datos de prueba solicitando más información”.
El regidor morenista José Agustín Gaspar Aguado, presidente de la Comisión, dijo en entrevista que puede en un futuro reabrirse la investigación.
“Al final de cuentas no es que esté o no satisfecho, como servidor público debemos apegarnos a los lineamientos y marco jurídico que existe y si ese dice que por el momento no hay más pruebas o elementos que constaten irregularidad en el proceso, pero queda en archivo, si una pregunta que se hizo fue la posibilidad en un momento dado que se aporten más pruebas y ver lo que se puede hacer”.
“Está en investigación en la Fiscalía, no se cierra, se cierra una primera parte pero vamos a ver qué es lo que sigue después”.
Se le cuestionó si no se aceptó de forma fácil la negativa de la Contraloría a fincar responsabilidades a funcionarios que no cuidaron el erario.
Respondió: “Más que se acepte fácil o no, es lo que ellos están argumentando, falta revisar bien el expediente, con base en ese expediente vamos a ver los argumentos que se pueden hacer para en un momento dado hacer alguna impugnación”.
