Celaya Gto.- El ex director jurídico José Guadalupe Mendoza Gasca pretende cobrar 5 millones de pesos por una defensa legal del municipio que hizo cuando era funcionario público y tenía el deber de atender.
El director jurídico José Ignacio Ramírez Valenzuela explicó que ya contestaron la demanda que interpuso Mendoza Gasca por la vía civil.
“Como él mismo ya lo hizo público en medios de comunicación efectivamente presentó una demanda civil por cobro de honorarios profesionales que a su concepto dice tener derecho y que no se le ha pagado por alrededor de 5 millones de pesos en números redondos. Esa demanda nos emplazaron en forma legal y de acuerdo con los propios procedimientos que nos marca el código civil ya presentamos la contestación y seguiremos con el proceso en forma directa dentro del expediente”, explicó.
Esta es la entrevista:
¿Qué servicio está cobrando?
Él está pretendiendo cobrar un servicio que dice prestó externamente al municipio sobre la defensa de una demanda que se instauró en contra del municipio en el trienio de Rubí Laura López Silva como él mismo ya lo manifestó
¿Esa defensa él la hizo siendo director jurídico o antes?
Èl mismo manifiesta que la hizo antes cuando en términos estrictos el proceso fundamentalmente se llevó a cabo estando como titular de esta dirección en el trienio de Ismael Pérez Ordaz.
¿Existe algún contrato o documento que corrobore que se solicitaron sus servicios profesionales?
No agrega ninguno de ellos en su demanda, en el municipio no hay ninguno, no existe un contrato escrito ya lo investigamos
¿Desde su experiencia como abogado hay argumentos para que el municipio tenga que desembolsar esos 5 millones?
En mi experiencia no
¿En qué juzgado se ventila este caso?
En el quinto de partida
¿Qué sigue?
Sigue le periodo probatorio, en el código de procedimientos civiles para los juicios ordinarios que es la vía por la que encausa su demanda, nos establece que una vez contestada la demanda viene el periodo probatorio que de acuerdo con la ley es de 30 días hábiles, los primeros son para ofrecimiento de pruebas, algunas documentales que se tienen que ofrecer desde las diferentes partes y el resto delas pruebas se ofrecen dentro de esos días una vez que el juez decrete la apertura del periodo probatorio
¿El caso que supuestamente defendió al municipio fue de la demanda de la abogada Azucena Ingrid?
Efectivamente por un presunto servicio de gestión para bajar recursos para obra pública, se desechó en la Suprema Corte ni siquiera le dieron admisión, cuando se fue al amparo en el tribunal colegiado de circuito le negaron el amparo, se fue el recurso a la Corte y en la Corte ni siquiera se admitió
¿Él de dónde hace el cálculo de 5 millones?
Él hace sus cálculos de acuerdo a una ley arancelaria que es vigente y que rige para notarios y abogados
¿Existe alguna otra demanda millonaria contra el municipio?
No en este momento no y quiero agregar algo él refiere que el municipio puede demandar gastos y costas a la que fue condenada la licenciada Azucena Ingrid que por qué no se hace, ahí la pregunta es por qué no lo hizo él si podía hacerlo cuando fue director de la dependencia. En la entrega recepción no obra, no lo puso como una observación de acuerdo al reglamento de entrega recepción. En todo caso debió iniciarlo él una vez que existió la sentencia de pago de gastos y costas.
El Contexto
En la pasada administración de Rubí Laura López Siva, la abogada Azucena Ingrid Palacios Trujillo fue contratada como gestora de recursos federales con una comisión de 15 por ciento que quedó pactado en el contrato SUB 015/2010 el 13 de octubre de 2010.
En junio de 2012, 4 meses antes de que concluyera la administración de Rubí Laura López Silva la abogada queretana Azucena Ingrid Palacios Trujillo demandó al municipio el pago de supuestas gestiones realizadas ante el gobierno federal. La abogada pretendía cobrar al municipio más de 36 millones de pesos como
En su demanda la gestora asegura que realizó servicios de asesoría jurídica y administrativa, como la elaboración de expedientes que presentó ante Hacienda, reuniones con diputados y autoridades federales, así como la elaboración de un catálogo de 18 proyectos técnicos de obra.
Asegura que atrajo al municipio recursos por 200 millones de pesos para la construcción del Distribuidor vial de Bulevar y 2 de Abril, y del distribuidor de Constituyentes y Mutualismo, por lo que en su demanda exigía 35 millones más IVA, equivalente a 40.6 millones de pesos.
Pero además requirió el pago de un millón 160 mil pesos por concepto de gastos y honorarios que realizó para dar cumplimiento al contrato que firmó; más 116 mil pesos de gastos que realizó para la integración de expedientes técnicos; así como los gastos y costas que se generaran con motivo del juicio.
En primera instancia el municipio obtuvo una resolución contraria donde lo condenaban a pagar.
El Municipio interpuso un recurso de apelación y en segunda instancia en la sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocan la sentencia y absuelven al municipio.
Contra esa resolución la abogada tramitó un amparo directo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Décimo Sexto Circuito, pero ahí también obtuvo un revés.
La demanda se hizo mayoritariamente durante el periodo en que Mendoza Gasca fue director jurídico pues concluyó en enero de 2015 cuando la licenciada Azucena Ingrid recibió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde interpuso un recurso de revisión que ni siquiera fue aceptado. (Información: Arlett Cárdenas) Foto: Internet
