Celaya, Gto., por: Redacción.- El Presidente de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez se mostró a favor de que la Auditoría Superior del Estado revise el proceso que siguió su gobierno para dar de baja a más de 300 trabajadores, tal como lo solicitó el PAN en el Congreso, pero pidió que también avalen su solicitud para hacer una auditoría integral a la pasada administración.
“Ojalá que la acepten y que también acepten lo que nosotros ya les hemos pedido y nos lo negaron. Ellos nos negaron hacer aún una auditoría de tres años de ejercicio del poder, entonces ahora que nosotros estamos actuando y lo he dicho y lo vuelvo a decir, hemos, entre comillas, despedido o hemos no tenido las personas que deben de estar, lo hemos hecho porque han cometido algo. Tenemos decenas y decenas de inspectores que les dimos las gracias porque agarraban dinero. Tenemos 360 policías que muchos de ellos eran delincuentes y los corrimos y así vamos a hacerlo, vamos a seguir actuando”.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2025 una auditoría concomitante a la administración pública del municipio de Celaya, por lo que hace al gasto en indemnizaciones laborales y prestaciones por baja de personas servidoras públicas.
En las consideraciones de la propuesta se mencionan distintas publicaciones en medios de comunicación locales y regionales en donde funcionarios públicos como el presidente municipal, la titular de la Oficialía Mayor, entre otros, han declarado sobre cientos de procedimientos de baja de personas servidoras públicas de la distintas áreas de la administración pública municipal llevados a cabo durante el presente año, de los cuales se ha finiquitado aproximadamente entre el 43% y 46% lo que ha generado un costo de más de 9 millones de pesos.
Los diputados advirtieron el riesgo de la carga económica que puede representar para el municipio los casos pendientes aún de liquidar.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
El Presidente insistió en que las bajas están sustentadas y dijo que el municipio de Celaya no tiene nada que esconder.
“No estamos corriendo a nadie por su posición política o ideológica o de religión, lo estamos corriendo. Algunas cosas tan simples, se determinó no tener, por ejemplo, vehículos todo mundo y la gente que tenía vehículos obviamente se enojó, ni los ocupaban, los usaban para sábados, domingos, etcétera. Se enojaron, crearon problemas y las tuvimos que despedir”.
“Nosotros no tenemos nada que esconder, nosotros cada semana les decimos qué estamos haciendo, entonces no tenemos nada que esconder, que vengan a hacer eso, pero yo les pido también que con esa misma vehemencia que quieren defender a sus compañeros de partido, a sus posiciones ideológicas, nos ayuden por lo menos a hacer una auditoría integral del gobierno anterior”.
*Acusa a ex federales de “hacer equipo” para dañar a celayenses
Sin presentar pruebas, y sin una denuncia de por medio, el Presidente Juan Miguel Ramírez aseguró que muchos de los ex policías federales que en el pasado gobierno fueron contratados en Celaya eran “delincuentes”.
Así se expresó para justificar su baja apenas comenzó su gobierno ante las críticas de diputados panistas que advierten un riesgo por altos montos de liquidaciones.
“Tenemos 360 policías que muchos de ellos eran delincuentes y los corrimos y así vamos a hacerlo, vamos a seguir actuando”.
¿A qué se refiere cuando dice que despidió a policías que eran delincuentes?, le preguntaron y dijo: “Pues los fedepales, muchos de los fedepales eran los que robaban a los transeúntes, a los camiones y algunos de ellos el jueves y el viernes salían como equipo a hacer maldades y por eso yo les dije siempre hay policías fedepales malos, hay buenos y hay regulares, pero como no sabíamos cómo lo íbamos a hacer con los buenos, por eso despedimos a 360 y más policías, ex federales”.
¿Y si se pusieron las denuncias por esta situación?, le preguntaron y contestó: “Pues yo me imagino que sí y entonces ahí tenemos, con esa idea que creen que nosotros por no contratar a jurídico local, están molestos, pero no los despachos, no los vamos a contratar porque muchos de estos despachos estuvieron despidiendo y después ahora tenemos decenas de personas que fueron despedidas cuando ellos estaban de jefes y ahora los están representando y nos están pidiendo que les paguemos un dineral”.
El Presidente Juan Miguel Ramírez desde el primer día de su gobierno decidió dar de baja a 386 elementos ex federales, para procesar su baja contrató al despacho «Moreno & Coronado Aíza Abogados», con sede en León.
Hasta ahora no ha informado ni a los miembros del Ayuntamiento cuánto gastó en las liquidaciones y cuánto pagó al despacho.
A través de Transparencia el Gobierno se ha negado a entregar la información.
