Celaya, Gto., por: Redacción.- Una semana después de haber sido cesada, la ex oficial mayor Araceli Morales Mancera convocó a rueda de prensa para denunciar que antes de ser despedida recibió presiones del presidente Juan Miguel Ramírez Sánchez quien le exigía hacer despidos que violaban leyes, reglamentos y derechos humanos a lo que se negó y le argumentó el porqué.
Dijo que el primer edil también le exigió tomar decisiones administrativas como delegar la responsabilidad de las cámaras de vigilancia a la Tesorería lo que no podía hacer porque por reglamento eran su responsabilidad.
Morales Mancera explicó que realizó de forma profesional su trabajo durante los 21 días que estuvo en la administración con jornadas laborales que incluso excedieron las 8 horas.
“En virtud de iniciarse un nuevo ciclo administrativo, las tareas fueron aún más intensas por las bajas administrativas, y los procesos de finiquitos de algunos de los funcionarios salientes… Una de las jornadas que de manera extraordinaria tuve que atender, fue el análisis de la baja de 334 servidores públicos de seguridad, operativos de policía, conocidos como Fedepales, acorde al artículo 61, capítulo XIX del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato”.
“En medio de la actual crisis de inseguridad y violencia que se vive en nuestro municipio, gestioné el proceso de 153 bajas de policías bajo un clima de tensión, pero sin generar inconformidad o agresiones, a pesar de haberse manifestado dos momentos de amotinamiento previos. Sin ninguna protección especial, mi equipo de trabajadores de ese momento, a los cuales les doy mi más amplio reconocimiento por su diligencia y apoyo en horas y días inhábiles, pudimos estar en la Comandancia Norte durante 4 días y en jornadas de más de 8 horas, entregando los finiquitos de los despedidos, en colaboración con dos abogados de León, contratados por el Alcalde, mismos que entregaban personalmente los documentos para la firma y certificación. Al día jueves 31 de octubre, estaban listos otros 30 finiquitos, lo cual en su totalidad es una cifra fuera de lo común: 183 bajas de forma pacífica y apegada a derecho”.
Dijo que “a pesar de la carga de trabajo que menciono, las presiones y los amagos de funcionarios de primer nivel para dar de alta a sus equipos políticos, fueron incesantes. La creación de filtros extraoficiales para recibir y aprobar los documentos en el área del primer círculo del presidente en funciones, en donde se destacaba el ciudadano, Gustavo Paloalto, quien se ostentaba como Jefe de Gabinete, creó mayor confusión y molestias, que se fueron agudizando”.
Y de forma clara expuso que recibió órdenes “De despidos fulminantes, y fui reprendida verbalmente por teléfono y en persona, según el dicho del presidente electo por ‘no obedecer sus órdenes’, de estos hechos, di cabal respuesta por escrito, y expliqué el proceso legal para efecto de no incurrir en faltas administrativas, o en atropellos a los derechos humanos y laborales de los trabajadores”.
Y así narró su despido
Dijo que el día 31 de octubre recibió la visita en la Oficialía Mayor, de dos personas que los identificó como los abogados del despacho de León, los cuales conoció en la Comandancia Norte, y otra persona que se identificó como Carlos Esteban García González.
“Los tres sin mostrar alguna identificación oficial, o cargo administrativo municipal. Igualmente llegó la directora de Personal, María Alma Rosas López, Jesús Paz Gómez, que ostenta el cargo de Secretario Particular del Presidente Municipal, y por la Contraloría Municipal se identificaron John Guerra Meuse (director del área Resolutora), Concepción Cristina Muñoz Ochoa, y Alejandro Martínez Ramírez, por la dirección de Control Patrimonial”.
“Uno de los abogados del Despacho jurídico externo, se dirigió a mi persona, y me dijo: ‘venimos a ejecutar una instrucción del Presidente, tu despido, porque, uno, por tu culpa el Licenciado Carlos Esteban García González, no está dado de alta como director jurídico del municipio; y dos, porque no diste de baja a las personas que te indico. Por lo que te pedimos que entregues el puesto de Oficial Mayor’, les contesté, “adelante, pero en el apartado, “uso de la voz” de la entrega-recepción, describiré y agregaré las evidencias correspondientes de lo que me están acusando, que no realicé, y otras irregularidades que reporté en la instalación de la Comisión de Recursos Humanos y Servicio Civil de Carrera, el lunes 28 de octubre, respecto a las faltas al Reglamento Administrativo por parte de la Contralora municipal, Laura Elena Lara Rodríguez, y el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez”.
Aseguró que en la entrega formal del puesto, se desprenden varias irregularidades, las cuales, acreditarán en los procedimientos legales que seguirá.
Morales Mancera consideró que las declaraciones del Presidente a reporteros generaron una descalificación de su persona, dañaron su imagen pública, y dignidad.
“Lamento por un lado el uso de recursos públicos para la denostación, porque son infundadas sus afirmaciones, y por otro lado, en lo personal, me lastima su ingratitud, su malicia, y la falta de respeto”.
El Presidente dijo que se fue porque pondrían en el cargo a una personas que si obedeciera a lo que respondió que “Obedecer, en principio es un concepto patriarcal, machista si vienen de un hombre empoderado hacia una mujer; obedecer es un rol que normalmente se asigna a las mujeres, por ello, es un estereotipo violentador, que se da en un marco del ejercicio público”.
Y sentenció: “No es posible atender ninguna indicación que incumpla las disposiciones legales, o que violente derechos humanos de las personas”.
“Lamento enormemente la forma en que el alcalde hace uso de estereotipos de género, para disfrazar su conducta, minimizando mi capacidad como mujer libre e independiente”.
Denuncia amenazas
Consideró que la violentó y puso en riesgo, señaló que recibió amenazas sutiles de familiares cercanos del Presidente y advirtió que acudirá a todas las instancias legales para hacer valer sus derechos.
“Sus declaraciones a la prensa, fueron sistemáticas, creando una campaña de desinformación que afectaron mi reputación, mi estabilidad psicológica, la devaluación de mi autoestima. Igualmente, afectaron mi estabilidad patrimonial. Al afirmar que hubo un desacuerdo político, me expuso a riesgos de denigración, marginación y discriminación en mi entorno social”.
“Por otro lado, en un ambiente de alto riesgo de violencia, sus afirmaciones me exponen a ser víctima de ataques, como el trágico feminicidio político de la candidata a presidente municipal, Gisela Gaytán, del cual, deviene su candidatura a Presidente municipal. Debo señalar que, por interpósitas personas, familiares de él, recibí amenazas sutiles e intimidación como consecuencia de derecho a expresarme en temas políticos”.
Agregó que todos estos señalamientos serán llevados a instancias legales.
