A 16 años del trágico incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 49 niños muertos, avances recientes han reactivado el reclamo de justicia para las víctimas y sus familias. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Sandra Lucía “T” (Téllez Nieves), señalada como una de las socias propietarias de esa guardería, por su presunta responsabilidad en el incidente.
¿Cómo ocurrió su aprehensión y qué papel tuvo la FGR?
De acuerdo con un comunicado oficial de la FGR, la institución gestionó desde septiembre de 2024 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Algunos medios, como Infobae, afirman que ella fue deportada a México y luego detenida por autoridades nacionales. Ese detalle no aparece en los comunicados oficiales de la FGR, que hasta ahora hablan de extradición desde EE. UU., no de deportación.
Por otro lado, medios locales fronterizos reportan que ICE tiene bajo custodia a Sandra Lucía desde enero de 2025, lo que indica que su detención podría haberse producido meses antes de que los medios lo señalaran públicamente.
Acusaciones y antecedentes legales
Originalmente, en 2016, se le imputó una pena más severa por homicidio culposo y lesiones vinculadas al incendio de la guardería. Sin embargo, tras recursos legales y revisiones, su condena fue reducida a 5 años y 7 meses.
Su captura reactiva un reclamo latente por parte de los familiares de las víctimas, quienes han denunciado falta de notificación oficial y solicitan que se les informe puntualmente sobre el proceso.
¿Qué debe ocurrir ahora?
En la audiencia del 8 de octubre, las autoridades estadounidenses determinarán si procede la extradición hacia México.
En caso de ser extraditada, debería ponerse a disposición del sistema penal mexicano para cumplir la condena pendiente y responder las acusaciones.
Las víctimas y sus familias buscarán que haya transparencia en el proceso, que se respete su derecho a ser informadas y que se garantice justicia.
Aunque aún quedan detalles por aclarar —como el momento exacto de la detención, su traslado y las notificaciones oficiales—, este caso representa un nuevo capítulo en la búsqueda de rendición de cuentas por una tragedia que ha marcado profundamente el panorama social y legal de México.
