Celaya, Gto., por: Redacción.- Los elementos ex federales que trabajan en Celaya serán despedidos por medio de un despacho que contrató el municipio y que se encargará de hacer el cálculo de sus finiquitos.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez reveló que hizo esta contratación aunque no reveló el nombre de este despacho y lo que le costará a las arcas públicas, se limitó a decir que no recordaba esos datos.
Dijo personal aún permanece en las instalaciones de la comandancia norte, están esperando la fecha en que los cite el municipio para pagar sus finiquitos conforme a la ley.
“Hay un bufete de abogados que se encuentra realizando esos trámites, está en proceso de revisión y ya es con tema de abogados. Contratamos un bufete porque empezamos a ver que había casos de despido de los mismos Fedepales, que fueron muy poquitos, por cierto, en la administración anterior, y uno, aunque ya se le pagó, nos demandó. Entonces, ahora tenemos un bufete que está haciendo todo, por ejemplo, no les vamos a pagar, solamente se les va a pagar ante la Justicia Administrativa allá en Guanajuato, que tiene que ver con la Secretaría del Trabajo”.
“Queremos hacerlo todo muy bien, queremos acomodar muy bien los recursos que se les van a pagar, decirles, hacerlo muy bien todo, y no tener después problemas. Y en la medida en que entreguen sus pertrechos, su casco, su chaleco, contrabalas, su tarjeta que lo acredita para ser portador de armas, en esa medida se está negociando uno por uno para las fechas de liquidación”.
¿Cuánto costó este bufete?, le preguntaron y dijo: “No recuerdo ahorita, no recuerdo, pero entre comillas va a ser más barato lo que teníamos presupuestado, porque nosotros hicimos mal las cuentas, pero con 100 pesos, mil pesos en 300 clientes, se hacen 300 mil pesos, entonces tratamos de que se pague de los mismos recursos que ellos mismos se están reacomodando”.
Aseguró que con este bufete no quedará ningún elemento de extracción federal.
El alcalde reiteró que si bien han recibido quejas de mal trato de estos elementos hacia la población no tienen ninguna prueba de que hayan cometido delitos, dicho que fue respaldado por el secretario de Seguridad, Pablo Muñoz Huitrón quien sentenció: “En este momento no tenemos nosotros registro de que pertenecen a un grupo u otro porque ya se estaría aplicando la ley. Y si cualquiera de nosotros tuviera conocimiento de que se infringe algún precepto reglamentario, disciplinario o inclusive legal, con mucho gusto estamos para apoyarlos”.
