Guanajuato, Gto. – Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo para revisar el mismo número de iniciativas de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.
Derecho a laborar en un ambiente libre de violencia y acoso
El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que la propuesta pretende garantizar el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso de cualquier tipo, incluyendo los originados en razón de género, revalorizar el trabajo y proteger a las personas en sus espacios y relaciones laborales.
Remarcó que tiene seis puntos: la definición de violencia y acoso, separarlas; los espacios donde pueden configurarse la violencia y el acoso; la nulidad de condiciones laborales violentas; derecho a un ambiente laboral libre de violencia; las obligaciones de las personas titulares y rescisión por actos de violencia cometidos por el patrón y sus representantes.
De manera general, se comentó que se debe revalorar el contenido de la presente iniciativa, ya que el marco jurídico se ha modificado, aunado a que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se ha legislado ya la figura del acoso sexual como tipo administrativo, y en el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está en análisis una iniciativa de reforma integral, ordenamientos con los que se estima se debe tener cuidado de no generar inconsistencias. Se agregó que en diferentes normas se contemplan las definiciones de acoso sexual, hostigamientos y violencia, entre otros aspectos.
La congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que las definiciones de violencia y acoso resultan confusas, pero que si para quien las va a poner en práctica era viable, la respaldaría.
Permisos para exámenes prevención cáncer
En la segunda, se dialogó la iniciativa que pretende que las personas trabajadoras de las dependencias estatales y municipales cuenten con permiso por parte de sus superiores jerárquicos para realizarse los exámenes médicos a fin de prevenir y detectar a tiempo cualquier síntoma de cáncer.
La propuesta plantea que las personas titulares de las dependencias estatales y municipales otorguen a sus trabajadores permiso con goce de sueldo íntegro, de hasta cinco días al año para que se realicen exámenes médicos de prevención y detección de cáncer.
La congresista Susana Bermúdez Cano indicó que el cáncer te cambia, pero también puede mostrarte lo valiente que eres, que es una enfermedad en la que se requiere una lucha desde el día en que lo detectas. Indicó que la iniciativa promovida por su grupo parlamentario busca prevenir ante el incremento de dicha enfermedad y priorizar la salud de las personas.
Agregó que se busca que los trabajadores se realicen estudios médicos con la finalidad de poder detectar el cáncer a tiempo y generar medidas para asegurar la efectividad plena del derecho humano a la salud.
Los participantes comentaron que se considera viable la propuesta, al precisar que una de las estrategias más eficaces para la protección de la salud es la detección temprana del cáncer, ya que la identificación de anomalías en etapas iniciales, incluso antes de la aparición de síntomas, permite reducir la probabilidad de propagación de la enfermedad y mejora significativamente las posibilidades de un tratamiento oportuno e incluso de curación.
Propusieron que se ajuste la redacción porque no se brinda un certificado sino una constancia o se entregan los resultados del tamizaje; que cinco días no serían suficientes, ya que, si se detecta algo, el tiempo se alarga; que no se utilice el concepto de permiso sino el de licencia; y revisar los plazos para los estudios y el impacto que pueda generar.
La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla señaló que todos coincidían en la prioridad de la atención a la salud y en la importancia de la prevención, así como en la sensibilización y concientización que deben tener las personas trabajadoras para realizar los estudios periódicos, ya que estos se vuelven clave y fundamentales.
Igualdad salarial
En la tercera mesa, se abordó la propuesta en materia de igualdad salarial. El congresista David Martínez Mendizábal precisó que se busca impactar una serie de ordenamientos y que tenía como punto de partida la iniciativa de la presidenta de la República, que busca incorporar un mandato de observancia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación, promover acciones para eliminar la brecha salarial y la construcción de entornos laborales libres de discriminación y violencias hacia las mujeres.
Habló de los aspectos centrales de la propuesta como los principios rectores en la aplicación de la ley; la igualdad salarial; la eliminación de la brecha salarial; la capacitación obligatoria; la corresponsabilidad al entorno laboral; la obligación de las personas titulares de proporcionar capacitación y la rescisión de las personas trabajadoras.
Los comentarios versaron en que se coincide con la intención de la propuesta de seguir impulsando las condiciones jurídicas a favor de generar la progresividad en derechos humanos, establecer el alcance de la rescisión, entre otros aspectos.
La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla manifestó que coincidía en la necesidad de realizar todo lo necesario para impulsar la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y erradicar la brecha salarial. Añadió que se debe empezar a predicar con el ejemplo reflejándolo en la normativa que regula a los servidores públicos; mientras que la congresista Susana Bermúdez Cano resaltó la importancia de garantizar el derecho humano a la igualdad para gozar de otros derechos.
Derecho a la libertad y a la autonomía sindical
En la última mesa se abordó lo correspondiente a la propuesta que busca proteger el derecho a la libertad y a la autonomía sindical.
Los asistentes expresaron que se considera jurídicamente viable y necesaria al insertarse de manera orgánica en el sistema vigente, garantizando que el Estado cumpla con su deber de no intervención y protección de la libertad de organización bajo un esquema de justicia social y progresividad; y se coincidió en la intención de continuar impulsando condiciones jurídicas que favorezcan la progresividad de los derechos sociales.
Los representantes destacaron que la reforma se alinea con estándares internacionales, al establecer bases jurídicas sólidas para prevenir, investigar y sancionar la injerencia sindical como una falta administrativa grave; que se busca asegurar que la vida interna de los sindicatos se desarrolle sin presiones externas, fomentando además la participación equitativa de hombres y mujeres en condiciones de paridad; y que su incorporación expresa en la legislación local es fundamental para otorgar claridad y certeza jurídica.
Finalmente, comentaron que la reforma permite una distribución de competencias eficiente y ofrece garantías procesales claras para proteger los derechos humanos laborales
Al hacer uso de la voz, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla destacó la importancia de blindar la libertad sindical en Guanajuato mediante la incorporación de estándares internacionales, como los requisitos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, junto a que cualquier esfuerzo legislativo que tome como base los marcos jurídicos federales y globales para garantizar los derechos laborales de los servidores públicos estatales es sumamente valioso.
En su intervención, la legisladora Susana Beermúdez Cano indicó que la iniciativa es oportuna porque atiende de manera específica el problema de la injerencia externa en la vida gremial, regulando procesos críticos como el voto sindical y la postulación de candidaturas, así como la definición clara de la responsabilidad administrativa de cualquier servidor público que interfiera en los procesos de elección de planillas, todo ello con el fin de eliminar ambigüedades y garantizar que se puedan iniciar procedimientos sancionatorios contra quienes vulneren la autonomía sindical.
A manera de conclusión, el congresista Juan Carlos Romero Hicks puntualizó que el núcleo de la reforma es proteger dos vertientes esenciales: la libertad de asociación y la independencia interna de los sindicatos frente a injerencias externas que pretendan influir en sus decisiones representativas, además de calificar la propuesta como un espejo análogo de lo ya regulado a nivel federal.
En las reuniones estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y María Isabel Ortiz Mantilla, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y David Martínez Mendizábal.
Participaron representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de las Mujeres, de la Secretaría de Salud, del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía General, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.
