Mexicali.- Lucia Villarreal Camarena, ex coordinadora de la Beca Progreso en el Sistema Educativo Estatal y quien denunció -desde hace tres años- presuntos actos de corrupción por parte de tres personas, fue inhabilitada por cinco años, sancionada con más de un millón 800 mil pesos y se le ordena restituir el daño con casi mil millón de pesos.
Es decir, pasó de ser la acusadora a la acusada por parte de autoridades de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Tras rechazar tajantemente las imputaciones y sanciones, advirtió ayer en conferencia de prensa que va a “combatir jurídicamente la resolución para demostrar que no tengo responsabilidad administrativa ni penal alguna”.
De igual forma, como ciudadana, exigió a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que hasta el momento no ha podido concluir con sus investigaciones, celeridad en el caso para determinar y castigar a los responsables.
Asimismo, ratificó su denuncia en contra de Alexander García Luna, Jesús de la Rosa Anaya y Roman Enresto Padilla Rivera, quienes aparecen como los que cobraron diversos cheques por más de dos millones de pesos del Fideicomiso de la Beca Progreso que habían sido destinados para escuelas que tienen menos de 50 alumnos y que por tanto, no cuentan con cuentas bancarias.
La ex funcionaria del Sistema Educativo Estatal, lamentó que desde el momento que denunció las irregularidades que fueron detectadas, nunca ningún funcionario, ni el entonces Secretario de Educación, Mario Herrera Zárate, ni de otras dependencias, le solicitaron mayor información al respecto.
Por el contrario, únicamente se limitaron a prejuzgarla sobre su presunta responsabilidad en los actos de peculado que en su oportunidad fueron denunciados.
De igual forma, asegura que fue tratada en forma “arbitraria y descortés” durante dos años, hasta que finalmente fue removida del cargo en una total y absoluta incongruencia.
Informó que fue apenas el pasado 27 de octubre de este año, cuando fue citada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para iniciar un procedimiento en su contra mediante el cual le fincaron responsabilidades por presunto daño a la Hacienda Pública Estatal por un monto de 938 mil 372 pesos, monto que corresponde justamente al desvío que ella misma denunció que fue robado a escuelas de la entidad.
Pero lo que es más, en un hecho insólito, apenas el pasado 24 de noviembre fue notificada de que se le inhabilita por cinco años, se le ordena restituir el daño por la cantidad mencionada, pero además se le aplica una multa adicional por un millón 876 mil 744 pesos.
Finalmente pidió “a este gobierno parar la persecución en su contra” y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, brindar celeridad al caso para deslindar responsabilidades y castigar a los presuntos responsables.
Con este tipo de situaciones, advirtió: “el mensaje que se manda a los servidores públicos es equivocado, pues si descubren o denuncian irregularidades se pueden convertir de acusadores en acusados”.
Lamentó que este tipo de situaciones se den precisamente cuando a nivel nacional existe un gran debate en el tema del combate a la corrupción.
