Puebla.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, generó polémica a nivel nacional luego de justificar la ausencia de mujeres al frente de algunos consejos municipales bajo el argumento de que gobernar localidades con presencia del crimen organizado representa un riesgo para ellas.
El mandatario poblano, integrante de Morena, fue cuestionado sobre la ausencia de mujeres en los relevos aprobados por el Congreso local para encabezar consejos municipales, particularmente en zonas consideradas complejas por la presencia de grupos delictivos.
En respuesta, Armenta señaló que, desde su perspectiva, colocar a una mujer al frente de un municipio con problemas de seguridad podría significar exponerla a una situación de riesgo.
“Son lugares complicados, son lugares donde hay grupos delictivos, para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás. Es muy delicado exponer a una mujer”, declaró.
Sus palabras provocaron cuestionamientos y críticas, al considerar que el argumento utilizado por el gobernador coloca el género como un factor para determinar quién puede asumir responsabilidades de gobierno en municipios afectados por la inseguridad.
Armenta insistió en que su postura estaba relacionada con las condiciones de seguridad de las localidades y con la experiencia de quienes asumirían los cargos. Al referirse a las decisiones tomadas por el Congreso de Puebla, afirmó:
“Yo prefiero que el Congreso, como lo hizo ya, haya elegido a hombres que tienen experiencia, que han sido autoridades municipales”, afirmó.
Las declaraciones rápidamente escalaron a la discusión nacional debido a que fueron interpretadas por sus críticos como una justificación para limitar la participación de mujeres en cargos públicos con base en las condiciones de seguridad de los municipios.
Sheinbaum aborda la polémica
El tema llegó también a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este 18 de septiembre, donde fue cuestionada sobre las declaraciones del gobernador poblano.
La discusión se centra en la participación de las mujeres en espacios de decisión pública y en los criterios utilizados para designar autoridades municipales en localidades donde existen problemas de seguridad.
El caso abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de garantizar la participación política de las mujeres, particularmente en regiones donde la violencia y la presencia de grupos delictivos representan un desafío para cualquier autoridad, independientemente de su género.
Las declaraciones de Armenta colocaron así en el centro de la conversación nacional la relación entre seguridad, experiencia administrativa y participación de las mujeres en los gobiernos municipales, además de generar cuestionamientos sobre si el riesgo de una región debe determinar quién puede o no ocupar un cargo de autoridad.
