Celaya Gto. Por: Arlett Cárdenas.- La empresa Supacel presentó una demanda penal en contra diversas autoridades del gobierno de Celaya en el Juzgado Sexto de Distrito a quienes acusa de falsedad de declaraciones, entre otros.
Esto debido a que funcionarios municipales informaron a un juez que debido a que existe un juicio entre las empresas Supacel y Evi no han entregado las concesiones, pero en otro informe da a conocer que entregó las concesiones a Supacel.
Así lo expuso el abogado Arturo Raúl Tamayo Hernández, esta es la explicación que dio:
“El Juzgado Sexto de Distrito a través del juicio de amparo 215/2015 nos concedió la protección de la justicia federal a 5 empresas y como nos concedió al amparo se le dijo al Ayuntamiento que se nos entregaran las concesiones después de casi 10 años, en primera instancia se incumple con esa entrega de concesiones eso motiva a que realice un acuerdo el tribunal y le mande oficios a su superior inmediato como es el Presidente Municipal, secretario del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica”.
“El 20 de noviembre del 2015 contesta Carlos Ruiz diciendo aquí están todas y cada una de las concesiones de las cuales nos ordena el tribunal, pero no te entrego las concesiones de Supacel porque es motivo de un juicio pendiente de resolver. El 7 de septiembre el juzgado Sexto de Distrito en ese documento nos dice en virtud de la imposibilidad que tiene el Ayuntamiento para hacer entrega de las concesiones este tribunal declara cumplida la resolución”.
“Pero el 2 de septiembre de este año nos damos cuenta que existe un amparo directo, ese amparo directo es una demanda que presentó la empresa Enrique Velasco Ibarra en contra del Ayuntamiento por una serie de daños y perjuicios, pero la parte quejosa expone que a mediados de octubre de 2015 le fueron entregados los títulos concesión a la empresa Enrique Velasco Ibarra”.
“Entonces si a mediados de octubre ya le habían entregado las concesiones a la empresa EVI y en noviembre contesta que no las puede entregar a Supacel porque existe un juicio pendiente ellos cometen el delito que se encuentra regulado en la Ley de amparo en su artículo 262 que en su fracción cuarta dice: por el incumplimiento a la resolución judicial serán sancionados entre 3 y 9 años, entre 100 y mil salarios al que incumpla con la resolución del mandato que se le dió”.
“El hecho es que ellos incumplieron porque entregaron las concesiones a una empresa sin antes estar resuelto el juicio, en eso consiste la demanda y qué implica: implica destitución del cargo, inhabilitación, están cometiendo abuso de autoridad y fraude procesal”.
El abogado dijo que están involucrados desde el Presidente, el Ayuntamiento, la Dirección de Movilidad y el área Jurídica.
“Porque todos ellos tienen conocimiento”.
