Celaya Gto.- Sólo con el voto del PAN, el Ayuntamiento aprobó inhabilitar por 5 años para ocupar un cargo público a la ex tesorera Angélica María Camarena Hernández, por haber aceptado y pagado facturas por un monto de 100 mil pesos que no cumplían con los requisitos que marca la ley.

“Es un dictamen derivado del procedimiento que se instauró por la auditoría que hizo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) al ejercicio fiscal del segundo semestre del 2013 en el que establece que consideró no solventada gastos a comprobar que se manejaron por el exsecretario del Ayuntamiento de aquel entonces (Vicente Caracheo) y que la debió haber descontado del sueldo, esa es la base que se le impuso de 5 años de inhabilitación a la ex tesorera Angélica María Camarena Hernández”, explicó el regidor Trinidad Martínez Soto, Presidente de la Comisión de la Contraloría.

El Regidor dijo que además de esta sanción, existe un procedimiento civil en contra de Caracheo a fin de recuperar los 100 mil pesos.

“Existe una acción de carácter civil para recuperar ese recurso y es en contra del ex secretario del Ayuntamiento Vicente Caracheo. Hasta donde tengo entendido para él de acuerdo a como llegó el informe del Congreso vienen acciones civiles como de las otras”.

Explicó que los recursos fueron gastados presuntamente en un evento de prevención del delito y que las facturas no fueron validadas por la ASEG.

“Fue un evento de seguridad, la Auditoría consideró que las facturas que adjuntó para acreditar el recurso eran insuficientes, fue un evento en materia de prevención, fue en Celaya, insisto hay facturación, documentos y se considera que para la auditoría que no son válidas”.

Martínez Soto dijo que ahora o que procede es notificarle a Camarena de esta resolución y esperar si la acepta o impugna.

La oposición no aprobó la sanción porque le pedían a los panistas que la inhabilitación fuera por el máximo periodo que permite la ley que son 20 años.

El regidor agregó que ninguna recomendación de la ASEG ha sido archivada y que se están llevando tiempo porque deben seguir un proceso que implica entre otras citar a los señalados para darles su derecho de audiencia.

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