Ciudad de México.- El exconsejero presidente sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación revisó las cuentas del instituto entre 2014 y 2023 sin detectar anomalías, luego de que la presidenta solicitara revisar contratos de administraciones anteriores.
Ciudad de México.— El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la mandataria planteara la necesidad de revisar los contratos otorgados durante administraciones anteriores del organismo electoral.
Córdova afirmó que, durante el periodo en que encabezó el INE, las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectaron irregularidades, de acuerdo con sus declaraciones.
El exfuncionario hizo referencia a las auditorías practicadas al instituto entre 2014 y 2023, periodo que abarca distintas administraciones del organismo, para respaldar su postura frente a los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos y la contratación de servicios.
La respuesta se produce después de que Sheinbaum solicitara revisar los contratos celebrados por el INE en años anteriores, con el propósito de conocer cómo se ejercieron los recursos públicos y verificar los procedimientos de contratación.
El planteamiento de la presidenta abrió nuevamente el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos en las instituciones electorales.
Auditorías, en el centro de la discusión
La postura de Córdova se centra en los resultados que, según señaló, arrojaron las revisiones de la ASF. Sin embargo, para determinar el alcance de esas auditorías es necesario consultar los informes correspondientes y distinguir entre los ejercicios fiscales revisados, las observaciones formuladas y las posibles irregularidades detectadas o solventadas.
La realización de auditorías no implica necesariamente que todos los contratos de una institución hayan sido examinados de manera individual, por lo que el alcance de las revisiones resulta relevante para evaluar las declaraciones de ambas partes.
Hasta el momento, la controversia gira en torno a la revisión de contratos de administraciones anteriores y a la posición del exconsejero presidente, quien sostiene que las auditorías no encontraron anomalías durante el periodo al que hizo referencia.
El tema mantiene la atención sobre los mecanismos de fiscalización del INE y la importancia de que cualquier señalamiento sobre el uso de recursos públicos esté respaldado por documentación verificable.
