Estado de México.— Un exfuncionario de Michoacán, identificado como Luis “N”, fue detenido junto con otras cuatro personas por su presunta participación en una red de extorsión que utilizaba herramientas de inteligencia artificial (IA) para clonar voces de servidores públicos y engañar a sus víctimas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el operativo fueron detenidas cinco personas, señaladas por su probable participación en estos hechos delictivos.
Entre los arrestados se encuentran Luis “N”, su esposa, dos de sus hijos y un escolta, quienes presuntamente integraban la estructura dedicada a realizar extorsiones mediante la suplantación de identidad con tecnología de inteligencia artificial.
Clonaban voces de funcionarios para cometer fraudes
Las investigaciones, desarrolladas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, permitieron identificar el presunto uso de herramientas de IA para reproducir voces de servidores públicos.
Según las autoridades, los implicados utilizaban estas voces clonadas para hacerse pasar por funcionarios y realizar supuestas gestiones relacionadas con contrataciones gubernamentales y asignaciones de puestos de trabajo.
Mediante este mecanismo, presuntamente buscaban engañar a sus víctimas y exigirles dinero, aprovechándose de la confianza que genera la aparente comunicación con autoridades o representantes del gobierno.
Investigan el alcance de la red
El caso pone de relieve los nuevos métodos utilizados por presuntos delincuentes para cometer extorsiones mediante tecnologías capaces de imitar voces humanas, una práctica que puede dificultar la identificación de los responsables y aumentar el riesgo de fraude.
Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de cada uno de los detenidos.
Los cinco sospechosos deberán enfrentar el procedimiento legal correspondiente, mientras se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.
El caso también representa una alerta sobre el uso indebido de la inteligencia artificial para suplantar identidades y cometer delitos, particularmente cuando se utilizan nombres y voces de servidores públicos para obtener beneficios económicos de manera ilícita.
