Celaya, Gto., por: Arlett Cárdenas.- Con una postura oficial en contra de incrementar el costo del pasaje, este jueves quedó formalmente instalada la Comisión Mixta Tarifaria, organismo encargado de evaluar técnica, física, mecánica y financieramente la solicitud de aumento de las tarifas presentada por los concesionarios del transporte público desde el pasado mes de agosto.
Durante esta primera sesión de trabajo, el regidor Miguel Villanueva, presidente de la Comisión de Movilidad e integrante de dicho órgano, reveló que las cifras oficiales reflejan una caída crítica en la afluencia: el sistema pasó de registrar entre 120 mil y 130 mil pasajeros diarios a inicios de año, a apenas 107 mil usuarios en la actualidad, lo que representa una pérdida cercana a los 20 mil viajes cada día en lo que va de 2026.
Villanueva explicó que la comisión, integrada por el secretario del Ayuntamiento, junto con el director de Movilidad, y ediles de distintas fuerzas políticas, sesionará de manera quincenal para cotejar el estudio de los transportistas con los conteos físicos y los registros tecnológicos de barras que opera la Dirección de Movilidad mediante el sistema NRTEC.
El objetivo es emitir una resolución definitiva en un plazo de 15 a 30 días, antes de que concluya el año, para turnar el dictamen a la Comisión de Movilidad y posteriormente al pleno del Ayuntamiento.
“La postura ha sido clara: no al aumento, y el alcalde también se sumó a este posicionamiento. Sin embargo, para sostener esta negativa no basta con declararlo en un evento público; tenemos que agotar los instrumentos legales y sustentarlo con la ley en la mano mediante un estudio comparativo”, puntualizó el regidor.
Para el edil, la pérdida de casi 20 mil usuarios diarios evidencia un colapso en la operatividad del servicio, por lo que advirtió que un incremento tarifario únicamente agravaría el abandono del transporte colectivo por parte de la ciudadanía.
Asimismo, señaló que los concesionarios no cumplen con las condiciones mínimas para exigir una revisión al alza, destacando dos rezagos principales:
Los transportistas aún no definen ni consolidan el sistema de prepago (SIBE) al que están obligados por ley, situación que contrasta con la nueva competencia que representa la entrada de otras opciones como TEP.
Dijo que para siquiera considerar un ajuste tarifario, sería indispensable que los empresarios garantizaran que al menos la mitad de su parque vehicular sea nuevo y funcional.
Villanueva Floresvillar estimó que se requeriría la compra de entre 80 y 100 unidades nuevas, un compromiso que consideró poco viable tras dos años sin avances y de cara a un año electoral. Finalmente, el regidor descartó que se busque “ahorcar” financieramente al sector transportista, asegurando que ha mantenido diálogo constante con ellos y que la instalación de la comisión responde a la necesidad de contar con datos reales tras los ajustes de rutas derivados de las obras ferroviarias en el municipio.











































