Celaya, Gto., por: Redacción.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que hubo violaciones graves a los Derechos Humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal en habitantes de Rincón de Tamayo cometidos por elementos de la Policía Municipal.
Fue el domingo 15 de enero que personal de JUMAPA ingresó a la comunidad a tomar el control de las oficinas luego de que en diciembre de 2022 el Ayuntamiento acordó disolver el comité del agua y entregar a JUMAPA la responsabilidad del sistema hidráulico.
El director de JUMAPA, Roberto Castañeda relató que ese día trece trabajadores y contratistas de JUMAPA fueron amenazados y retenidos durante casi tres horas por habitantes de la comunidad, por lo que presentaron denuncias por obstruir un servicio público.
Al ingresar la policía a liberar a los retenidos se dio un enfrentamiento que terminó con 23 detenidos algunos de los cuales presentaron lesiones, 7 de los cuales fueron demandados penalmente y 15 elementos de la Policía con lesiones.
En las detenciones los pobladores argumentaron tortura, detenciones ilegales, entre otros, y presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que concluyó su investigación y formuló al presidente de Celaya Javier Mendoza Márquez 7 recomendaciones.
Primero colaborar en el trámite ante la Comisión Estatal de atención integral a Víctimas de Guanajuato para la inscripción en el registro Estatal de víctimas de seis víctimas identificadas por la CNDH.
Segundo en coordinación con la Comisión Estatal de atención integral a víctimas y derivado de la afectación por las violaciones graves a los Derechos Humanos, pide que se otorgue atención médica, psicológica y de rehabilitación, que requieran las víctimas, la cual deberá brindarse por personal especializado y ajeno a la autoridad municipal previo consentimiento y de forma continua, inmediata y gratuita, atendiendo a su edad y necesidades específicas, además de proveerles de los medicamentos y materiales adecuados para sus padecimientos en caso de requerirlos.
La tercera señala en el término de tres meses contados a partir de la aceptación de la recomendación deberá ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares por las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio y las afectaciones de tipo colectivo causadas con motivo del uso excesivo de la fuerza desplegado.
La cuarta pide que colabore ampliamente con la CNDH para interponer una denuncia administrativa ante la Contraloría en contra de dos servidores públicos identificados como AR1 y AR38.
Quinto que colabore ampliamente en el trámite y seguimiento de la carpeta de investigación que inicie la fiscalía general de Guanajuato con motivo de la denuncia de hechos que interpondrá la CNDH contra las autoridades responsables.
Sexto que se diseñe e imparta, dentro del término de seis meses contados a partir de la aceptación de la recomendación, un curso integral en materia de Derechos Humanos en temas específicos sobre la prevención y erradicación de la tortura, y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y el uso de la fuerza fuera del contexto de manifestaciones.
Y finalmente designar a una persona servidora pública de alto nivel de decisión que funja como enlace entre la Comisión Nacional y el municipio para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación en caso de ser aceptada.
El municipio tiene 15 días posteriores a la notificación para informar sobre la aceptación de la recomendación.
En caso de aceptarla tiene 15 días hábiles, siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación, para que presente las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación a la Comisión Nacional.
En caso de que la recomendación no sea aceptada o cumplida por la autoridad, esta deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa con fundamento en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En caso de no aceptar la recomendación la CNDH además solicitará al Congreso de Guanajuato la comparecencia de la autoridad de Celaya para que explique los motivos de su negativa.
El secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos informó que fueron notificados de esta recomendación el pasado viernes y turnada a la Coordinación de Derechos Humanos para que evalúe si será o no aceptada.
“Fue recibida el día viernes y ya se turnó a las áreas correspondientes a la Dirección Jurídica y Coordinación de Derechos Humanos para que haya una revisión de los elementos que está señalando la propia CNDH y en su momento emitir un posicionamiento y ver qué curso se le va a dar”.
¿De qué dependerá que acepten o no esta recomendación?, le preguntaron y expuso: “de la revisión y el criterio que nos haga llegar el Coordinador de Derechos Humanos y la Dirección Jurídica”
