Guanajuato, Gto. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, con objeto de definir el concepto de violencia contra las personas adultas mayores.
En otros temas del orden del día, se acordó solicitar información a diversas instituciones con relación a las siguientes propuestas de punto de acuerdo:
Primero, para exhortar a los ayuntamientos de Abasolo, Apaseo el Alto, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Xichú y Yuriria, para que a la brevedad acaten y adecuen sus instrumentos normativos a lo que establece la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Segundo, dirigido a los ayuntamientos de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagran y Xichú, mismos que cuentan con asentamientos de pueblos y comunidades indígenas, para que, en el ámbito de sus competencias y con respeto a la libre determinación y autonomía de dichos pueblos y comunidades, revisen y, en su caso, armonicen sus bandos, reglamentos, disposiciones administrativas, instrumentos de planeación, programas y demás normativa municipal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guanajuato y los tratados internacionales aplicables.
También, se precisa que dicho proceso de armonización debe elaborarse con su participación efectiva y mediante procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe, cultural y lingüísticamente adecuada, a través de sus autoridades e instituciones representativas, con la finalidad de alcanzar acuerdos y asegurar el respeto efectivo de sus derechos sustantivos.
Finalmente, se pide que se revisen sus instrumentos de planeación y presupuestación, mecanismos de participación, prestación de servicios públicos, reconocimiento de autoridades comunitarias y reglas para la asignación y administración directa de recursos, y remitan un informe sobre las acciones realizadas y, en su caso, el programa de trabajo y calendario previsto para su cumplimiento.
Tercero, para exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora Constitucional del Estado para que instruya a la Secretaría de Derechos Humanos a remitir un informe sobre la estrategia implementada para la identificación y registro individual de personas afromexicanas en Guanajuato, derivada de la Convocatoria para el registro de Personas afromexicanas, emitida para la integración de un listado de Personas Afromexicanas, precisando su fundamento, finalidad, metodología, temporalidad, medios de difusión, alcance territorial, resultados obtenidos y, en su caso, las acciones de mejora previstas; a fortalecer la difusión, asesoría técnica y acompañamiento territorial respecto del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guanajuato, a fin de que los pueblos y comunidades afromexicanas interesadas conozcan sus alcances, requisitos, procedimiento y efectos jurídicos, con pleno respeto a su libre determinación, autoadscripción, autonomía, sistemas normativos internos y protección de datos personales.
La página oficial vigente de la Secretaría ya distingue este instrumento como Registro al Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; y a analizar la viabilidad de emitir una nueva convocatoria o estrategia específica de identificación y registro individual de personas afromexicanas residentes en Guanajuato, distinta del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que incorpore criterios de accesibilidad, alcance territorial, pertinencia cultural, respeto a la autoadscripción, claridad en el tratamiento de la información y protección de datos personales.
Cuarto, dirigido a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para que en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, analice e impulse la adopción de estándares y salvaguardas de protección para niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales y redes sociales equivalentes a aquellas que las empresas tecnológicas implementen en otras jurisdicciones, particularmente las relacionadas con configuraciones de privacidad y seguridad por defecto, administración saludable del tiempo de utilización, periodos de descanso digital, reducción de notificaciones durante horarios escolares y nocturnos, protección frente a diseños o contenidos susceptibles de afectar su desarrollo y mecanismos efectivos de acompañamiento familiar y denuncia.
Asimismo, debido a la votación empatada en la formulación de acuerdos, se discutirá en la siguiente reunión de comisión el punto de acuerdo que busca exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a instruir a su equipo de trabajo el respeto irrestricto a la libertad de prensa y valore la generación de mecanismos para la prevención y denuncia eficaz de acciones de intimidación por parte de personas servidoras públicas contra las personas periodistas.
En este punto, la diputada Ana María Esquivel Arrona propuso solicitar información a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado sobre la materia del exhorto, otorgando un plazo que no exceda los 15 días hábiles para dar respuesta, toda vez que resulta indispensable contrastar los datos y garantizar que ambas partes involucradas cuenten con espacios para manifestarse, aclarando que esta medida no busca limitar la libertad de expresión ni de prensa, sino reconocer que el derecho a informar debe coexistir de manera equilibrada con el derecho de réplica.
Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal externó la necesidad de mantener el sentido original de la propuesta de exhorto, manifestando que el asunto reviste una gravedad mayúscula debido al contexto de violencia y vulnerabilidad que enfrentan las personas que ejercen el periodismo; asimismo, argumentó que la solicitud de información debe dirigirse formal y directamente a la titular del Poder Ejecutivo estatal en su calidad de superior jerárquica.
También, se aprobó el dictamen en sentido negativo de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado deberá crear, de manera progresiva, albergues y casas de estancia en los 46 municipios del Estado, ello como una vinculación que permita la creación de estos centros tan necesarios para las personas adultas mayores.
Mismo trámite recibió, el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Nuevo Comienzo para que efectúe una metodología participativa que involucre a la población guanajuatense, tendiente a obtener la información relacionada con la estructura, organización y cultura de los pueblos, considerando la autoadscripción indígena y así las comunidades ubicadas en Don Francisco, Ex Hacienda de Peña Blanca, San Martín de la Petaca, Tierra Blanca de Abajo, ambas de San Miguel de Allende; Fracción de Guadalupe, Peña Blanca Dos y Peña Blanca de Cieneguilla pertenecientes al municipio de Tierra Blanca; San Agustín de Comonfort; Urireo, Salvatierra y demás comunidades que se autoidentifiquen como indígenas, obtengan el reconocimiento, la constancia que permitan su inscripción en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de esta entidad federativa.
En su intervención, la congresista Plásida Calzada Velázquez precisó que, derivado de las gestiones institucionales de la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas de la Secretaría de Derechos Humanos, a través del Consejo Estatal Indígena y de su comité interno de seguimiento, se consolidó el registro oficial de estas comunidades en la entidad, además de indicar que a lo largo del mes de agosto se aprobó la incorporación de localidades pertenecientes a los municipios de Comonfort, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Victoria, por lo que el objeto de la propuesta quedó debidamente cumplido y sin materia.
Finalmente, se avaló la declaratoria de caducidad para la dictaminación de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, en materia de reconocimiento y facultad de las autoridades indígenas y afromexicanas.
Asuntos generales
El diputado Jesús Hernández Hernández respaldó una propuesta ciudadana para integrar progresivamente intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en las comisiones y áreas del Congreso, subrayando que las personas con discapacidad auditiva aún enfrentan barreras estructurales para participar y acceder a las instituciones públicas, por lo que instó al Poder Legislativo a predicar con el ejemplo adaptando los recursos públicos para garantizar la accesibilidad, abatir desigualdades y permitir una participación ciudadana plena y digna.
Por su parte, el legislador David Martínez Mendizábal cuestionó las narrativas sesgadas de organizaciones como Mexicanos Primero sobre la educación nacional y las contrastó con datos de la OCDE, citando a Andreas Schleicher para resaltar la resiliencia del modelo mexicano en ciencias y lectura, así como su enfoque en habilidades éticas y socioemocionales más allá de la memorización, por lo que hizo un llamado a evaluar los diagnósticos de forma técnica e integral para evitar visiones parciales que distorsionen la realidad educativa del país.
Finalmente, la congresista Plásida Calzada Velázquez reconoció el primer informe de actividades del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, calificando como un hito histórico que el primer presidente de origen mixteco electo por voto popular encabece el máximo tribunal y represente las demandas de las poblaciones originarias, junto a destacar que su gestión ha llevado la justicia a un ejercicio cercano y de territorio a través de acciones inéditas, como la primera sesión itinerante de la Corte en Tenejapa, Chiapas, y los foros Diálogos entre justicias y saberes en diez estados con autoridades tradicionales.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y David Martínez Mendizábal.
